Vinculan a proceso a presuntos multihomicidas de Atizapán

9 De Septiembre De 2026
7:02 PM

*También son investigados por interrupción del embarazo y crueldad a seres sintientes. 

 

Por Veneranda Mendoza. 

  

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron vinculados a proceso por su probable intervención en los delitos de homicidio calificado cometido en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo de una mujer con cuatro meses de gestación y por crueldad a los seres sintientes contra un can hembra. 

Los hechos que se les imputan ocurrieron el pasado primero de septiembre al interior de un domicilio ubicado en Bosque de Amates, fraccionamiento Grand Viure, en donde fueron localizadas cuatro personas sin signos vitales. 

En el segundo nivel se localizó el cuerpo de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilio Séptimo, con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, amordazado con cinta adhesiva industrial y maniatado en un sofá al interior de la recámara principal 

En esa misma habitación, en el área de baño, estaba el cuerpo de su esposa en estado de gestación, igualmente amordazada y maniatada; sobre sus piernas, una menor de 3 años, ambas con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica. 

En el primer nivel del inmueble, dentro de una habitación, sobre una cama, se encontró a una mujer de 21 años, maniatada y con disparo de arma de fuego en la parte superior de la espalda y base de la extremidad cefálica. 

En el baño de ese mismo nivel fue localizada una canina raza Golden Retriver de un año edad aproximadamente con el hocico envuelto con cinta adhesiva de color gris y disparo de arma de fuego en la cabeza. 

En otra habitación fue encontrado un menor de edad de aproximadamente cinco años de edad, quien a simple vista no contaba con lesión visible; los elementos policiacos informaron que lo entregaron a sus abuelos. 

El intervalo de muerte de las víctimas oscila de las 17:30 a las 20:00 horas, lapso que coincide con el tiempo en que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” permanecieron al interior del Fraccionamiento Residencial Grand Viure, acorde con los registros de entradas y salidas. 

Un día antes, el 31 de agosto, y durante la mañana del día de los hechos, Diego Sebastián “N” le instruyó a Gerardo “N” “conseguir un desarmador plano, un desarmador de cruz, electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas” que después le pagaría. Estos artículos, un rollo de cinta adhesiva industrial e indicios asegurados al interior de un vehículo KIA guardan correspondencia con los utilizados para maniatar a las víctimas. 

El vehículo en que los ahora detenidos arribaron al fraccionamiento tenía placas de circulación “sobrepuestas”, sin embargo, se logró ubicar la unidad en el Fraccionamiento Héroes Tecámac, sección Bosques, de ese municipio, lugar en donde fue asegurado. 

El arma de fuego con la que las víctimas fueron privadas de la vida, presuntamente estaba provista de silenciador; Diego Sebastián “N” reconoció que la desensambló y aventó a una barranca. Por ello los vecinos no escucharon sonidos asociados a detonaciones de arma de fuego. 

Los vinculados a proceso suponían que las víctimas poseían una importante cantidad de dinero en “criptomonedas”, por lo que tratarían de localizar en el departamento “una caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins” y una vez obtenidos los recursos, Diego Sebastián “N” le daría a Gerardo “N” 2 millones de pesos “por la ayuda”. 

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde el juez además les impuso medida cautelar de prisión preventiva y plazo de cuatro meses para el cierre de investigación complementaria.  

Por cada homicidio, los indiciados podrían ser sentenciados a una condena de 25 a 70 años de prisión; por el delito de maltrato y crueldad a los seres sintientes en agravio de la dignidad animal podrían alcanzar además una pena de 3 a 6 años de prisión; y por el delito de interrupción del embarazo, cometido en agravio del producto de la gestación, podrían ser acreedores de una pena de 5 a 10 años de prisión.

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