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Redacción.
Toluca, Estado de México.– La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) presentó pronunciamiento ante el Poder Judicial estatal en favor de la amnistía de Juan Carlos «N», detenido arbitrariamente hace 21 años, cuando tenía 19, con tortura física y psicológica, y sin una defensa jurídica adecuada.
El 15 de abril pasado, la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura, Alice Jill Edwards, emitió un llamamiento urgente al Estado mexicano para atender la situación de Juan Carlos, manifestando preocupación por las irregularidades procesales. La causa también fue ingresada ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité contra la Tortura de la ONU.
La Codhem expuso que su pronunciamiento se sustenta en un análisis especializado que documentó violaciones a derechos humanos y al debido proceso, resultado de una revisión exhaustiva de actuaciones ministeriales y judiciales, medios de impugnación, constancias y opiniones técnicas, lo que permitió examinar las condiciones en que se desarrolló el procedimiento penal y las barreras que limitaron el ejercicio efectivo de los derechos de la persona solicitante.
La metodología incorporó conocimientos de distintas disciplinas, así como el estudio de disposiciones constitucionales, legislación aplicable, tratados internacionales y criterios de tribunales nacionales e internacionales. Con ello, la Comisión integró una valoración jurídica y contextual orientada por el principio pro persona, que busca favorecer la protección más amplia de los derechos humanos.
Entre los elementos centrales del documento se encuentran afectaciones a la libertad personal relacionadas con la legalidad de la detención, deficiencias en la defensa y omisiones en la investigación oportuna de indicios de posibles actos de tortura. El análisis también identificó consecuencias de estas irregularidades para el esclarecimiento de los hechos y la protección del derecho a la verdad.
Respecto de la defensa adecuada, la CODHEM examinó tanto la asistencia profesional como su eficacia durante el procedimiento. El pronunciamiento advierte que este derecho no se satisface únicamente con la designación o presencia de una persona defensora, sino que requiere una intervención técnica y diligente que permita conocer los derechos, cuestionar actuaciones irregulares y utilizar los medios de defensa disponibles.
Sobre los indicios de tortura, el organismo subrayó la falta de una investigación oportuna, imparcial y efectiva. Esta omisión constituye uno de los fundamentos de su intervención, por sus implicaciones para el acceso a la justicia y la valoración de las circunstancias en que se desarrolló el proceso. El señalamiento distingue entre la existencia de indicios y la determinación de responsabilidades penales, que corresponde a las autoridades competentes.
El estudio también consideró cómo la desigualdad y la estigmatización pueden colocar a las personas en desventaja frente al sistema de justicia. La Comisión sostuvo que reconocer estas barreras es indispensable para garantizar que la protección de los derechos no dependa de los recursos económicos, el origen o las condiciones sociales de quien enfrenta un procedimiento.
Con fundamento en el artículo 4, fracción XII, de la Ley de Amnistía del Estado de México, la CODHEM puso a consideración del Poder Judicial los elementos que sustentan su petición en favor de Juan Carlos “N”. Su intervención aporta un análisis de derechos humanos y propone la aplicación de una vía legal; no sustituye la función jurisdiccional ni implica el otorgamiento automático de la amnistía.
La Comisión reafirmó que la comunicación pública sobre este asunto debe preservar la privacidad y evitar la exposición innecesaria de datos personales o circunstancias que puedan generar nuevas afectaciones a las personas involucradas.
