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**El nuevo esquema procesal inicia el 1 de octubre, operará las 24 horas del día con jueces especializados y fija plazos estrictos de resolución de hasta 6 horas en cateos y 24 horas en órdenes de aprehensión
Redacción
Toluca, Estado de México. – Con el objetivo de garantizar una atención ágil, especializada y digital, el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de México amplió formalmente las funciones del Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en línea.
Esta determinación faculta al órgano virtual para resolver los procedimientos urgentes del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes a partir del 1 de octubre, optimizando tiempos sin necesidad de trasladar trámites de forma física.
La medida extiende un modelo jurisdiccional que opera desde junio de 2016 con un registro acumulado de 31 mil 346 solicitudes de cateo y 47 mil 675 órdenes de aprehensión tramitadas, además de mil 75 Medidas de Protección emitidas desde marzo de 2021.
Operatividad digital y blindaje de derechos
El juzgado funcionará de manera ininterrumpida las 24 horas, los 365 días del año, bajo los siguientes criterios operativos:
- Revisión Especializada: Todas las peticiones del sistema especializado serán atendidas exclusivamente por juezas y jueces con preparación específica en Justicia Penal para Adolescentes.
- Herramientas Tecnológicas: Las solicitudes ingresarán mediante plataformas digitales que permiten el envío confidencial y seguro de documentos, fotografías y videos.
- Interconexión: El sistema mantendrá comunicación digital permanente con los juzgados que continuarán con la integración ordinaria de cada asunto.
Los nuevos lineamientos establecen tiempos obligatorios y acotados para que los juzgadores emitan sus determinaciones tras recibir las solicitudes en la plataforma:
- Órdenes de aprehensión: Un plazo máximo de hasta 24 horas.
- Órdenes de cateo: Un plazo máximo de hasta 6 horas.
- Medidas de protección: Un límite de 8 horas para decidir sobre su cancelación, modificación o ratificación, exceptuando los casos que por ley requieran la celebración de una audiencia.
Esta reforma procedimental busca dotar de eficiencia al sistema de justicia penal cuando el tiempo es determinante para la debida protección de las víctimas, el éxito de las investigaciones y el pleno respeto a los derechos humanos de los adolescentes involucrados.
